Ilustración: Jennifer Muñoz

Salieron de la cárcel para apoyar a las que quedaron dentro. Beatriz, Adriana, Margarita y Perla –cada una con tragedias a cuestas-- sufrieron en carne propia las duras condiciones del encierro: la precariedad, la incertidumbre, las injusticias y los abusos. Una vez liberadas, crearon la organización Mujeres Unidas X La Libertad y decidieron volver para mejorar las condiciones de vida de las internas: hacen colectas y les llevan artículos básicos de higiene personal, al tiempo que les acercan información sobre los beneficios de preliberación y les dan talleres de emprendimiento. Son ahora activistas sui géneris… y necesarias.

En 2011, Beatriz Maldonado Cruz fue la interna número 37057 en las Islas Marías. Ya no tenía nombre, solo un lápiz labial, un amigo imaginario que la sostuvo para no enloquecer por completo, entre la comida incomible, el agua insalubre, el confinamiento, los castigos…Las Islas Marías, en el Océano Pacífico, finalmente fue cerrada por completo en 2021 y Beatriz ahora es activista junto con otras compañeras que conoció en Santa Martha Acatitla: Adri, Margarita y Perla, quienes luchan para mejorar las condiciones de vida de otras mujeres que se encuentran en prisión.

Bety es una activista por los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Foto: Marianne Wasowska

Beatriz

Beatriz fue detenida en marzo de 2010 en la Ciudad de México, en un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) con más de 200 elementos, tres perros y un helicóptero. Eran los años de los operativos espectaculares que fueron parte de la llamada guerra contra las drogas.
Ella vendió droga para saldar una deuda que no era suya y que ponía en peligro a sus hijos e incluso a su nieta de tres años. Su esposo consumía cocaína y le debía más de 300 mil pesos a un grupo del crimen organizado.

“Hay un trasfondo. Miles de mujeres tienen la misma situación que yo… en este caso, defender a mi familia”, dice Bety.

Antes de terminar de pagar la deuda fue detenida con uno de sus hijos y su esposo, quienes eran inocentes. En esos años, la mitad de las mujeres privadas de la libertad, el 49%, estaba en la cárcel por delitos relacionados con el narcomenudeo y narcotráfico, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Primero fue llevada a Santa Martha Acatitla, pero en el calderonismo, el entonces secretario de seguridad pública, Genaro García Luna —hoy preso en Estados Unidos acusado de conspiración para traficar drogas en alianza con el Cártel de Sinaloa —, hizo del centro penitenciario federal de la Islas Marías una cárcel de máxima seguridad; y Bety fue trasladada.

Bety pasó el 2011 ahí, y ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 90/2011 por las violaciones a derechos humanos de las y los internos, tratos crueles e inhumanos, además de la escasez de agua para consumo e higiene personal.

Ella describe el lugar como una especie de campo de concentración, con largas galeras. La temperatura era de 40 y 45 grados centígrados.

“Pero detrás de esas Islas… te esperaba tu familia. A mí lo que más me dolió y me hizo resistir, fue que en las cartas que me enviaba mi madre estaban sus lágrimas en las hojas”, narra.

Beatriz se culpaba. Cuando hablaban por teléfono su madre lloraba. Bety le daba ánimos y le cantaba una canción de La Quinta Estación en la bocina: “Te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas el último esfuerzo no valga la pena”.

Mujeres Unidas X La Libertad comenzó a funcionar en 2018 con el acompañamiento de Equis Justicia para las Mujeres. Foto: Marianne Wasowska

Cierre y comienzo

En 2021, se publicó el decreto para el cierre de Las Islas Marías, un archipiélago en el Océano Pacífico, donde hace 88 años estuvo recluido el escritor José Revueltas y que describió en su libro Muros de Agua.

Ese año, Bety constituyó una asociación civil llamada Mujeres Unidas X La Libertad junto con Adri, Perla y Margarita, que comenzó a funcionar como un colectivo en 2018, con el acompañamiento de la organización feminista Equis Justicia para las Mujeres.

El colectivo surgió como una iniciativa de mujeres que estuvieron en la cárcel para que otras en la misma situación tengan acceso a la justicia, pues las ayudan con sus procesos y les acercan información sobre beneficios de preliberación, y les dan talleres de emprendimiento. Además, hacen colectas y les llevan artículos básicos de higiene personal, sin financiamiento público. El objetivo principal es darles el mensaje de que no están solas.

“Es que te sientes muy sola, a mí me ayudó un amigo imaginario”, dice Bety y explica que sin alimento y sin agua en las Islas Marías comenzaba a tener delirios. Pesaba 20 kilos.

Su compañero fue un lápiz labial color rojo carmín. “Fue mi motivación entre esos trajes color beige. Dejé de tener un nombre, era un número: 37057. Amé ese labial y pintaba a mis compañeras”, recuerda.

El labial se terminó un día y cuando obtuvo un amparo para regresar a Santa Martha Acatitla enterró el tubo aplicador en un rincón. Ahora en las Islas Marías ya no hay una cárcel sino un centro turístico y Beatriz, libre desde 2016, quiere ir a buscar su labial enterrado como un símbolo de lo que fue su historia en ese lugar.

Margarita se convirtió en la bibliotecaria de Santa Martha, pues sabía cómo hacer fichas bibliográficas y le gusta leer. Foto: Marianne Wasowska

Margarita

Los seis años en los que Margarita Gutiérrez Valenzuela estuvo en Santa Martha Acatitla se siguió haciendo cargo de los gastos de sus dos hijos. Su familia desapareció en cuanto ella pisó la cárcel. Siete de cada 10 mujeres son abandonadas en los centros penitenciarios por sus familiares, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras algunas internas pagaban por tener beneficios en prisión y por comida, ella sólo comía la ración que les daban, conocida como “ranchito”.

“La carne definitivamente no, porque ni los gatos se la comían. Me hice medio vegetariana”, dice.

Lo que ganaba vendiendo cigarros y sus dibujos de rafia era para sus hijos, un niño y un adolescente, quienes estaban muy pendientes de ella. Hablaban a diario por teléfono. El grande se quedó a cargo del pequeño.

“Si allá adentro es muy difícil, siendo que tenemos las tres comidas, yo decía, ‘¿afuera cómo le estarán haciendo mis hijos?”, comenta.

Margarita es contadora y en el 2000 se vio involucrada en un fraude. “Me envolvieron, era yo muy inocente”. Sus hijos huyeron con ella al norte del país por 10 años, hasta que un día tocaron a su puerta. Era la policía.

“Le llamé a mi hijo por teléfono… ‘Hijo, vinieron por mí y voy para Santa Martha Acatitla’, le dije, y yo nada más oí un trancazo… y el grito de mi hijo, con desesperación, queriendo llorar. Le dije: ‘hijo, te necesito entero. Te encargo mucho a tu hermano’”.

Tres meses seguidos Margarita lloró todas las noches. La primera semana lo hizo en la estancia 208 donde dormía en el piso junto con 25 mujeres. “¡Pues sí, no llegué al Hilton!”, bromea.

Margarita se convirtió en bibliotecaria, pues en el colegio le habían enseñado a hacer fichas bibliográficas y le gustaba leer. También hacía meditación y yoga. Se inscribió en la prepa porque no tenía sus papeles. “Primero me empecé a sanar yo”, dice.

Ella fue sentenciada a 10 años y 10 meses de prisión, pero gracias a un amparo y a un beneficio preliberacional por su buena conducta, logró salir antes, a los seis años.

Margarita trabaja para ayudar a otras mujeres que se encuentran en la situación que ella vivió. Foto: Marianne Wasowska

Estigma en libertad

Cuando Margarita salió se reunió con Beatriz, Adriana y Perla para intentar cambiar el sistema penitenciario, pues adentro vieron cómo algunas tenían muchos privilegios, vivieron injusticias y conocieron a muchas mujeres inocentes. Una vez afuera se enfrentaron a los estigmas, pese a haber cumplido sus condenas y a la imposibilidad de una reinserción efectiva. Con 60 años de edad, Margarita se encontró con otra violencia: la discriminación por edad.

“Ya pagué, lo que haya hecho, afuera ya soy otra... ¡A otra cosa mariposa!”, pensaba Margarita. “Salí rejuvenecida, sentí que me comía el mundo y ¡no!… te encuentras con otras situaciones de la edad, de que ya no puedes trabajar”, lamenta.

Margarita recuerda el día que le pidió a Dios que la dejara libre ese año, pues ya cumplía 58.

“Si no me sacas este año… ¡no me saques!… ¡gracias, eh, gracias!, recuerda y ríe. “Tú sabes que no soy de aquí”, le dije, “yo creo que ya pagué, ya es justo que me dejes estar allá afuera”, narra.

El 13 de julio le notificaron que había obtenido un amparo y que saldría de Santa Martha. El 14 de julio salió en la madrugada, ya era su cumpleaños.

El Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan tiene una población de 155 internas. Foto: Marianne Wasowska

De compañeras

El rumor se esparce en apenas unos minutos. Las mujeres que se encuentran internas en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan hacen filas en un pasillo. Se asoman con curiosidad. Esperan impacientes.

Bety, Adri, Margarita y Perla bajan de un coche 155 bolsas con artículos de higiene personal, como toallas femeninas, pasta dental, jabón y shampoo, una donación que recolectó Mujeres Unidas X la Libertad A.C. para las internas. Cuando cada una recibe un kit de higiene personal, parece navidad.

Tepepan es un centro con poca población, apenas hay 155 mujeres privadas de la libertad de las 12 mil 480 que se registraron a nivel federal en 2021, la mitad, 6 mil 569 sin una sentencia.

En 2019, Tepepan recibió recursos presupuestales por 217 millones 807 mil 206 pesos, de acuerdo con el último reporte del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero la mayor parte del presupuesto se destinó a temas de seguridad.

Mujeres Unidas X La Libertad lleva brasieres y kits de higiene personal a Tepepan gracias a donaciones. Foto: Marianne Wasowska

A nivel nacional solo al 29 % de las mujeres privadas de la libertad se le proporcionó una toalla sanitaria, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 del INEGI.

“No tienes toallas, no tienes sostenes, violentan tu cuerpo, no tienes pantaletas”, dice Beatriz Maldonado. Ella cuenta que cuando estuvo en prisión no tenía dinero para comprar ni una toalla femenina. El recuerdo de cómo ella y sus compañeras tenían que ponerse un calcetín o papel de baño enrollado cuando menstruaban, la llevó con sus compañeras a buscar donaciones para poder entregar toallas en los centros penitenciarios de mujeres en la Ciudad de México. Han conseguido más de 10 mil toallas como parte de la campaña: “Con derecho a un periodo menstrual digno”.

También emprenden la campaña “¡No más lolas al aire!, para llevar brasieres a sus “compañeras”, como les sigue llamando con cariño.

El taller de libretas pretende convertirse en un proyecto de emprendimiento que dé sustento a las internas. Foto: Marianne Wasowska

Es viernes 21 de octubre, y Mujeres Unidas X la Libertad lleva 40 tops y brasieres a Tepepan y los entregan a las internas del área psiquiátrica.

A las 11 de la mañana, Bety y Margarita dan un taller sustentable de libretas para las internas. En el futuro esperan crear un proyecto llamado “Mujeres libreteras México”, para sacar una producción a la venta y pagarles por su trabajo de manera justa, pues en la cárcel todo cuesta.

Margarita saca retazos de diferentes telas: de colores, con dibujos, de distintas texturas e incluso de terciopelo y peluche. Con esas telas forran las libretas.

Las mujeres cuentan que les ayuda como terapia y que desde que aprendieron a hacer las libretas algunas pasan horas dedicadas a ello. Muchas las venden.

Dicen que pueden hacer decenas en un solo día, dependiendo de si logran conseguir los materiales.

“Las mujeres dentro de prisión son seres humanos y merecen vivir con dignidad, ¡son nuestras mujeres, pertenecen a esta sociedad! Ayer fuimos nosotras, hoy son ellas y mañana cualquier mujer de nuestro hogar puede estar ahí porque en este país hay una fábrica de delitos”, dice Bety.

Perla intenta recuperar el tiempo perdido con su familia tras ser sentenciada de un delito que no cometió. Foto: Marianne Wasowska

Perla y Adri

A Perla le costó mucho trabajo volver a pisar un reclusorio. A ella la detuvieron en el 2010 porque un teléfono Nextel que estaba a su nombre fue usado por su expareja en un secuestro. Sentenciada a 80 años de cárcel por secuestro agravado, después de seis años en Santa Martha Acatitla fue absuelta.

“Todo acto tiene una consecuencia… mi mal acto fue haberme enamorado de alguien que no debía. No sé si esté bien o esté mal, pero yo le digo a mi hija: el peor error de una mujer es enamorarse, porque cualquier mujer que esté en Santa Martha o Tepepan o cualquier centro de reinserción es por un hombre”, reflexiona Perla.

“¿Recuperar mi vida? siento que aún me sigo esforzando. Cuando salgo, mi hija ya no es mi hija, para ella mis papás son sus papás”, explica.

Cuando detuvieron a Perla su hija tenía un año de edad y cuando salió ya tenía seis años. La niña preguntaba todo el tiempo por su mamá y los abuelos le dijeron que estaba trabajando, porque creían que saldría pronto, pues confiaban en que era inocente.

De acuerdo con datos de la Enpol 2021, el 55.2% de las mujeres privadas de la libertad con hijos pequeños señaló que los cuidados de sus hijos recayeron en los abuelos. Sólo en el 30.7% de los casos los padres se hacían cargo. En contraste, en el 89.6% de los casos de hombres privados de la libertad fueron sus parejas, mujeres, quienes cuidaron a los hijos.

Perla intenta recuperar el tiempo perdido con su familia tras ser sentenciada de un delito que no cometió. Foto: Marianne Wasowska

En el caso de Adriana Leyva Alanis, coordinadora general de Mujeres Unidas X La Libertad, su niña de 12 años se tuvo que hacer cargo de su abuelita de 80, quien en esos años fue perdiendo la memoria.

Es común que las familias deban sostener a sus seres queridos en el sistema punitivista. Adentro, las personas tienen que comprar hasta el agua que toman y afuera las familias buscan cómo llevarles algo de dinero.

En el 79.3% de los casos en el que las personas en situación de reclusión en el país recibieron visitas en 2021, los visitantes les llevaron comida y en 67% artículos de higiene personal. En el caso de Adri sus familiares le llevaban un poquito de dinero.

“Jamás les pedí nada porque ya era muy difícil. La niña tuvo que estar muy al pendiente de mi mamá. Yo tenía que estar muy al pendiente de las dos, aunque sea vía telefónica”, dice Adri.

Ella estuvo cuatro años y medio en Santa Martha acusada del robo de 120 mil pesos en la institución financiera en la que trabajaba. “Siempre intenté llegar a un acuerdo para arreglar la situación, pero me quedó claro que tenían que presentar a una persona para poder cobrar el seguro”. Entró al centro penitenciario en abril del 2011 y salió en septiembre de 2015.

Su familia nunca la dejó, pero cuando salió de prisión algunos prefirieron hacerse a un lado y no tener relación con ella.

“Por eso estamos en esto, porque aquí somos una gran familia. Nos ayudamos entre todas para salir adelante. ¡Una termina escogiendo a la familia!”, dice sonriente.

Jaqueline quiere volver a encontrarse con su familia. Foto: Marianne Wasowska

Jaqueline

Jaqueline Hernández Reyes fue detenida por el robo de 7 coca colas y estuvo cuatro meses en Tepepan. Cuando salió, en junio pasado, no tenía a donde ir y Bety y Adri la acogieron.

“Yo no robé, fue mi novio”, aclara la joven.

Jaqui no recuerda sus datos personales, solo sabe su nombre. Tiene una discapacidad que le impide valerse completamente por sí misma. Dice que su papá se llama Toñito, su mamá Lola, su hermana Carmen, su hermano Miguel y otro Jorge. Recuerda que es de Puebla, pero no de qué municipio.

Adri y Bety quieren que recupere su identidad, que tenga papeles, para que pueda ir a la escuela, pero fueron al Instituto Nacional Electoral y no está registrada. “Pusimos su huellita y no está”, dice Bety.

“Es triste porque a Jaqueline no podemos ayudarla a encontrar a su familia, no se acuerda ni de los apellidos de su papá ni de su mamá y no sabe su fecha de nacimiento. Entonces es desde cero poder comenzar una búsqueda”, dice Adri.

El de Jaqueline no es un caso aislado. Por ello, uno de los grandes planes a futuro de Mujeres Unidas X La Libertad es que, si algún día consiguen el financiamiento necesario, abrirán una casa albergue para mujeres que salen de prisión, pues es común que sus familias les hayan dado la espalda, que no tengan casa ni redes y que vuelvan a reincidir.

Siete de cada 10 mujeres no cuentan con una red de apoyo al salir de la cárcel, de acuerdo con la CNDH. Invisibilizadas y abandonadas por el Estado, son las propias mujeres las que tienen que ayudarse entre ellas.

La historia de Bety, Adri, Perla y Margarita es un ejemplo de cómo muchas veces son las propias mujeres las que tienen que construir alternativas frente a los vacíos del Estado. Foto: Marianne Wasowska

Tejer redes

Alejandra Ramos, oficial de proyectos del área de políticas públicas de Equis Justicia para las Mujeres, dice que el primer problema de la llamada reinserción social es que no toma en cuenta el contexto en un sistema que reproduce desigualdad.

“La reinserción social implica que una persona se desvía de la norma social y entonces la meten a la cárcel. Cuando sale, está esta idea de que hay que volverla a reinsertar, que hay que hacer que sea una persona nuevamente productiva para la sociedad. El problema con esta visión es que no observa que desde antes de que una persona entre a prisión, en particular las mujeres, hubo todo un contexto de falta de acceso a educación, salud y trabajo, que influyen en que esta persona cometa un delito”, comenta.

“A las mujeres que están en prisión se les ve como malas mujeres, malas madres, como que incumplen su rol. El problema de estigmatizarlas es que les niegan un montón de derechos hacia afuera, pero también hacia adentro”, añade.

El 92.9% de las mujeres privadas de la libertad en el país no cuenta con antecedentes penales previos y solo el 4.5% considera probable volver a cometer un delito, según la ENPOL. En contraste, el 60.9% de la población de mujeres cree que el haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades de volver a trabajar una vez que cumplan su condena y el 31.2% cree que dañará la posibilidad de poder reintegrarse a su familia.

Bety, Adri, Margarita y Perla le dieron la vuelta a su historia y después de los días terribles de encierro decidieron que quería dedicarse a ayudar a sus excompañeras.

“Por eso regresamos, vamos a llamarle: por lealtad a esas personas que te dieron un abrazo, una palabra de aliento, que te apoyaron o te dieron de su comida. Es por eso que nosotras estamos aquí”, dice Adri.

Por
Neldy San Martín

Foto
Marianne Wasowska

Edición
Lydiette Carrión

Video
Marianne Wasowska, Neldy San Martín y Melissa del Pozo


Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.